martes, 8 de noviembre de 2016

CONTRAVIOL, pastillas para la paz

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como parte del esfuerzo destinado a sensibilizar a la población -especialmente a la juventud hondureña- sobre la importancia de asumir “compromisos con la paz” que contribuyan a la eliminación de las violencias Directas, Estructurales y Culturales en Honduras, presenta “CONTRAVIOL, pastillas”.

Esta campaña coordinada por Esteban A. Ramos Muslera, (Doctor en Paz, Conflicto y Cambio Social), consiste en la promoción de un medicamento placebo llamado “Contraviol”, cuyos principios activos -“ácido Anti-Violencílico”, “Pazifirina”, y “Equidadilina”- actúan “contra todas las violencias”, resultando eficaz, únicamente, cuando el sujeto que lo consume se “compromete con la paz”. 

La campaña contempla la distribución de la “medicina” por parte de estudiantes vinculados al programa formativo del IUDPAS “Jóvenes Voluntari@s Universitari@s por la Paz”, quienes ataviados con batas médicas interactúan con los transeúntes “recetando” “Contraviol”. En tales interacciones, los estudiantes hacen entrega de una caja de pastillas y facilitan la lectura del “prospecto médico” en el que se describen las tipologías de violencia concebidas por el célebre Dr. Joahan Galtung, (científico social noruego internacionalmente reconocido por haber sido el padre de la Ciencia de la Paz), así como se da cuenta de los datos que reflejan la hondura de estas violencias en el país. El objetivo de las jornadas de distribución de “Contraviol” con los estudiantes es propiciar el desarrollo de reflexiones grupales orientadas a la generación de nuevos “compromisos con la paz” en la ciudadanía. 

Asimismo, la campaña contempla la difusión de recursos de comunicación a través de los siguientes canales:
Entre los recursos de comunicación de la campaña, destaca la serie de vídeos, cuñas de radio y anuncios gráficos protagonizados por personajes públicos de reconocido prestigio y trayectoria en Honduras, mismos que han prestado solidariamente su imagen: la Directora del IUDPAS, Migdonia Ayestas; el Doctor en Física, Armando Euceda; la Profesora Yeny Carías; los locutores Fernando Varela y Carlos Acosta, los músicos “Nono de los Bohemios” y “Polache”, la figura del elenco del Ballet Nacional Garífuna, Ashanti Crisanto junto a su Director, Armando Crisanto y parte del elenco; los ex-futbolistas Héctor “Pecho de Águila” Zelaya, Gilberto Yearwood, Gutiérrez, y Gerson Vásquez; el entrenador Primitivo Mara diaga; el actor “DJ Binbo”; el pintor Dino Fanconi; el Taekwondista olímpico Miguel Ferrera, e, incluso el padre de los Estudios de la Paz y el Conflicto, el prestigioso Dr. Johan Galtung quien ha querido sumarse a esta iniciativa con un vídeo similar a los protagonizados por cientos de ciudadanos y ciudadanas que se han pronunciado frente a las violencias manifestando su compromiso por la paz. 

El compromiso con la paz es de tod@s. Por eso, te animo a conocer y compartir este proyecto y a participar activamente en él durante el mes de noviembre a través de las redes sociales, en solidaridad con el pueblo hondureño. Tu apoyo es muy importante si queremos conseguir un mundo sin violencias.

jueves, 22 de septiembre de 2016

La corrupción pública en Honduras

Podemos definir corrupción de múltiples maneras y desde perspectivas diversas, pudiendo ser una de ellas: el abuso de posición por un servidor público, con un beneficio extraposicional directo o indirecto (para el corrupto o los grupos de que forma parte este), con incumplimiento de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los servidores públicos (Villoria Mendienta y Jiménez Sánchez, 2012). De este modo, al abuso de poder se debe unir el beneficio privado y el incumplimiento normativo. Esta definición es parcial y recoge solo una parte de la corrupción existente, dejando fuera la corrupción que no es sancionable desde el derecho. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Honduras en la actualidad es, precisamente, el de la corrupción.

Por ilustrar la situación de la corrupción en Honduras, según los datos extraídos de Transparencia Internacional, el país ocupaba en el año 2015 la posición 112 de 168 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Por otro lado, el informe por título Judicialización de la corrupción en Honduras 2008-2015, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa de Honduras (ASJ), da cuenta de un tipo de corrupción muy extendida en el país, cual es la corrupción pública, pues genera los delitos que más se detectan, investigan y buscan castigarse, y es la que más perjudica al Estado como formulador, implementador y evaluador de políticas y prestador de servicios públicos. De este modo, la corrupción debilita las instituciones, genera desconfianza ciudadana y produce graves efectos en el mercado y en la competitividad del país. Sin embargo, el Informe muestra cómo por cada 12 denuncias que recibe el Ministerio Público de casos de corrupción pública, sólo se interpone 1 requerimiento fiscal. En el mismo Informe, se ofrece otro dato de gran relevancia en lo que respecta al porcentaje y tipología de delitos judicializados de corrupción pública en el país en esos 7 años. Así, el 26% de delitos judicializados lo fueron por abuso de autoridad, el 24% por violación de deberes del funcionario, el 18% por cohecho y enriquecimiento ilícito y el 16% por malversación de caudales públicos.

La corrupción en Honduras, más que tratarse de una falta de capacidad del Estado para combatirla, es una falta de asunción de responsabilidad de las instituciones para paliar el fenómeno; más que la falta de legislación al respecto, es el exceso que sobre ella existe; más que la falta de organizaciones y de estructuras que consigan eliminarla, es la duplicidad y multitud de ellas que se han creado pero sin funciones claras y sin objetivos concretos. Unida a la impunidad, la corrupción resulta más rentable en Honduras, pues el beneficio que se extrae de su puesta en práctica es mayor que la sanción que se recibe por el incumplimiento de la legalidad. 

Para combatir esta gran amenaza del país, es preciso mejorar el control institucional sobre aquellas prácticas que dañan a la democracia, y fomentar la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas sobre la actividad institucional. En una publicación reciente del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), por título "El manejo político y social de la corrupción en Honduras", el coordinador de esta obra (Víctor Meza), hace una excelente radiografía de esta problemática en el país al señalar que para que la corrupción funcione como sistema, es necesario que corrupto y corruptor se agreguen. Una vez dada esta simbiosis, deben acontecer otros dos fenómenos: la impunidad judicial y la tolerancia social. Así, sólo cuando la sociedad tolera y el sistema permite, es cuando puede funcionar un sistema integral y perfecto de la corrupción. 

Hasta tal punto que puede ocurrir que la enfermedad se expanda con tanta virulencia y rapidez, que no haya medicamento que inhiba a las instituciones en la práctica normal de sus cometidos en democracia, siendo la regla general lo que debiera ser la excepción en cualquier modelo de Gobierno y de Administración Pública. 

El femicidio/ feminicidio

Las muertes violentas de mujeres –en general–, y los femicidios –en particular–, constituyen un problema mundial, así catalogado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2016: “la violencia contra la mujer -en especial, la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres”. El Informe evidencia que el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja, bajo esta catalogación jurídica.

El femicidio o feminicio se define como la muerte de una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer, cuando concurren una o varias de las circunstancias siguientes: a) cuando el sujeto activo del delito mantiene o haya mantenido con la víctima una relación de pareja, ya sea ésta matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental; b) cuando el delito esté precedido de actos de violencia doméstica o intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia; c) cuando el delito esté precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza; d) cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se heyan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida (artículo 118-A de la reforma del Código Penal de Honduras).

Por su parte, Martínez Álvarez (2014) distingue el femicidio del homicidio de la siguiente manera: a) en el homicidio, existe un bien jurídico tutelado, que es la vida. En el femicidio, existen diversos bienes jurídicos tutelados, tales como la vida, la dignidad o la integridad, entre otros; b) el hocimicido se produce de manera instantánea y son excepcionales las acciones ocasionadas fuera del tiempo a la comisión del delito. En el femicidio, el delito se configura una vez que se priva de la vida a una mujer y se actualiza una de las hipótesis que se puede generar antes o después de la privación de la vida de una mujer; c) en el homicidio, el sujeto pasivo no requiere una calidad específica. En el femicidio, el sujeto pasivo tiene como calidad específica el hecho de ser mujer; d) en los casos específicos como homicidio calificado, se tiene que hacer un análisis de las calificativas, por lo general, alevosía, premeditación y ventaja, las cuales contienen elementos subjetivos que quedan a la interpretación del operador jurídico que las interpretará. Para la acreditación del delito no se requiere de medios comisivos, pues las razones de género no son medios comisivos. Se requiere la realización de una o varias conductas, en los que la última conducta puede ser la privación de la vida; y e) en el homicidio, se parte de la premisa de que éste puede ser doloso o culposo, es decir, se parte de la voluntad del sujeto activo para acreditar la conducta. El femicidio es un delito que en sí mismo es doloso, esto es por las conductas realizadas y por los bienes jurídicos tutelados diversos.

Por su parte, el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, distingue en sus estudios varias categorías diferentes de femicidios posibles y son las siguientes: 
  • Femicidio íntimo: cuando se determina que el culpable es la pareja actual o pasada de la víctima, incluyendo en tal categoría al esposo, conviviente, novio o pretendiente.
  • Femicidio por violencia intrafamiliar: cuando se determina que el culpable es un familiar, ya sea éste el padre, el padrastro, el hermano, el tío, el cuñado, el tutor u otros.
  • Femicidio por conexión: cuando se determina que ocurrió en circunstancias en las que la víctima trataba de defender a otra mujer, o cuando el agresor intentaba acabar con la vida de otra mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras que trataron de intervenir o que, simplemente, fueron atrapadas por el culpable.
  • Femicidio por violencia sexual: aquellos casos que muestran agresiones sexuales (violación, acoso u hostigamiento sexual), y que culminan con la muerte de la víctima.
  • Femicidio por delincuencia organizada: responden a crímenes de mujeres en escenarios de delincuencia organizada donde existe acoso, hostigamiento y ensañamiento, así como ajuste de cuentas (sicariato), asesinatos de familia , venganza, rapto y secuestro, muertes por maras y pandillas, extorsión, narcotráfico y trata de personas.
  • Femicidio sin determinar: muertes de mujeres donde la información no es suficiente para categorizarlas, pero el contexto establece que son razones de género y presentan ensañamiento.

Es especialmente preocupante y alarmante la situación que vive Honduras en materia de femicidios y ello debe generar una acción gubernamental (más allá de su reconocimiento jurídico), que erradique este mal endémico del país. Para visibilizar la problemática y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de una actuación gubernamental rápida y efectiva, sirva como ejemplo los siguientes gráficos elaborados por el IUDPAS-UNAH





En el primer gráfico, se registran los homicidios de mujeres en los últimos años en el país. Vemos cómo en 9 años, la muerte violenta de mujeres sigue en ascenso y representa un aumento del 263,4%, de modo que 53 mujeres son víctimas cada mes y cada 13 horas y 46 minutos, muere una en Honduras.




En el segundo gráfico, la muerte violenta de mujeres y los femicidios acaecidos en el año 2013, por ser éste ultimo sobre el que se han validado datos. Así, cerca del 65% del total de muertes violentas de mujeres en el país, corresponde a femicidios y, además, un porcentaje tan elevado como casi el 15% de muertes, queda sin determinar.

En base a lo anterior, es preciso actuar y hacer ya para dar fin a esta problemática, que parece que desborda la capacidad del Estado pero que impacta muy negativamente en las propias víctimas, en sus familias y en la sociedad hondureña en general.

IUDPAS-UNAH

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS-UNAH) se puso en marcha en el año 2008, gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia de Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional ASDI), a través del Proyecto Armas Pequeñas y Seguridad y Justicia y, en una segunda etapa, por el Proyecto Seguridad, Justicia y Cohesión Social. El IUDPAS que tiene como propósito central fortalecer los vínculos entre la academia y la sociedad, desde tres ejes fundamentales de actuación en investigación y docencia: la democracia, la paz; y la seguridad en el país.

Las funciones concretas que desarrolla el IUDPAS son las siguientes: a) Fortalecer la capacidad investigadora de la Universidad y ampliar la oferta de cursos de especialización de corta duración a nivel de postgrado; b) Permitir creatividad en las propuestas de investigación y cursos de especialización dirigidos a aumentar y fortalecer competencia en distintos profesionales; c) Posibilitar la vinculación con los Centros Regionales de la UNAH, de tal manera que se fortalezcan sus cuerpos docentes e investigadores y coordinar la ejecución de cursos de especialización en sus respectiva área geográficas; d) Fomentar la multidisciplinariedad en los abordajes teóricos y metodológicos en los temas democracia, paz y seguridad; e) Articular lazos de colaboración con la sociedad civil de tal manera que esta se convierta en un socio cercano de la Universidad y efectivo en la generación de conocimientos; f) Posibilitar la comunicación y colaboración científica y docente entre los distintos programas de postgrados de la Universidad; y g) Fortalecer y supervisar el Observatorio Nacional de la Violencia, los Observatorios Locales y otros que surjan desde los ejes transversales.

Además, el IUDPAS desarrolla su trabajo sobre cuatro áreas principales a partir de las cuales se estructuran los proyectos de investigación y docencia buscando, a través de éstas, dar una respuesta al papel que debe asumir la universidad en la sociedad. Las áreas definidas son las siguientes:
  1. Seguridad y Políticas Públicas: el objetivo es contribuir al estudio, análisis y comprensión de los problemas de la violencia y la inseguridad ciudadana.
  2. Estudios de la Ciudad: su finalidad es estudiar los problemas urbanos, la vialidad o movilidad vial, la convivencia entre vecinos y al interior de la familia, el vínculo ciudadanía gobierno local, los recursos sociales y los servicios que la ciudad ofrece a los ciudadanos, fomentando espacios de diálogos y análisis de políticas locales de intervención.
  3. Democracia y Desarrollo: contribuye a la formación de estudiosos e investigadores en los temas del desarrollo, los procesos políticos, desde una perspectiva institucional y social, la inserción e inclusión ciudadana en la democracia, la cultura política, los estudios de la coyuntura, los derechos humanos, la demanda y el conflicto.
  4. Juventud: desde el IUDPAS se promueve la investigación académica en temas que afectan e involucran a los jóvenes, retomando los problemas estructurales de pobreza, exclusión, empleo juvenil, así como nuevos problemas de acceso a tecnología, información, brecha digital, migración, fenómeno de las pandillas, entre otros.

Pero, sin duda, la estructura básica y eje central del IUDPAS es el Observatorio de la Violencia, desde donde el Instituto sistematiza, clasifica, analiza y construye conocimiento sobre las muertes violentas y no intencionales en el país, y sobre lesiones de causa externa. Tales hallazgos contribuyen a mejorar los niveles de información de los funcionarios, de los tomadores de decisiones y diseñadores de políticas públicas, de los académicos e investigadores expertos en la materia para contribuir a generar estudios de mayor calidad, de las ONGs para apoyar mejores formas de intervención y de la ciudadanía para apoyar una mejor comprensión del problema. En este sentido, el IUDPAS colabora con diferentes instituciones de Honduras, tales como la Dirección General de Forense del Ministerio Público, con la Policía Preventiva, con la Dirección Nacional de Tránsito, con la Secretaría de Seguridad del Gobierno, con los Centros Universitarios Regionales, con la cooperación extranjera y con la sociedad civil.

En este sentido, el IUDPAS elabora boletines e informes periódicos, a partir de los cuales se analizan las características de los hechos en lugar, tiempo y persona de las muertes violentas, así como las tendencias de los eventos, se completa con tasas por grupos de edad y por lugar de ocurrencia, usando proyecciones de población ajustadas por el Instituto Nacional de Estadística de Honduras durante cada año. Para enriquecer estos estudios, el IUDPAS también elabora boletines especiales como los de homicidios contra las mujeres en el país, violencia política, violencia contra los niños, homicidios contra transportistas, delitos de alto impacto, uerte violenta y femicidios, etc.

Sin duda, el IUDPAS realiza una labor muy destacada en Honduras, pues su finalidad no sólo es la de ofrecer datos válidos y contrastados para los estudios y las investigaciones sobre democracia, paz y seguridad en el país, sino que también genera conocimiento científico que es tan relevante para el país. Tengo la suerte de poder disfrutar de una estancia de investigación posdoctoral en el IUDPAS-UNAH, y agradezco el acogimiento, la ayuda y el cariño ofrecido por todas y cada una de las personas que conforman el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad.

domingo, 18 de septiembre de 2016

El diseño de una política evaluativa local desde el ejemplo de los CCI

Tal y como podemos extraer de la Guía sobre los Fundamentos de Evaluación de Políticas Públicas elaborada en 2010 por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, planificar la evaluación no es más que "diseñar con el mayor detalle posible las distintas tareas que deben llevarse a cabo en el análisis y valoración final que supone toda evaluación, formulando claramente los objetivos que se pretenden lograr, conteniendo información precisa sobre los insumos que van a ser utilizados, las actividades a realizar y los resultados que se prevén para la consecución de las finalidades de la organización". Planificar la evaluación supone también "tener presente el ciclo de vida de las intervenciones, las necesidades operativas y estratégicas de la toma de decisiones, la oportunidad temporal de las evaluaciones y la transversalidad (sectorial, territorial y de gestión) de sus objetivos"

Uno de los aspectos esenciales para llevar a cabo la correcta evaluación de los servicios públicos locales es su diseño y planificación inicial, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
  • Impulsar la participación de los interesados en dichas políticas y programas: al hablar de interesados señalamos a las personas que tienen un interés legítimo en la política o en el programa, tales como los usuarios a los que van dirigidos, los empleados que trabajan en ellos, los responsables de su implantación, etc. Identificados los interesados, éstos pueden ser los que ayuden a establecer las prioridades evaluativas, la elaboración de un modelo lógico evaluador, la selección de los métodos que se utilizarán en el proceso y la información que se requiere recabar. Con ello, los decisores públicos se pueden asegurar la aceptación social de la práctica evaluativa, su institucionalización y su arraigo en la cultura organizacional.
  • Describir el programa: planificar la evaluación supone ponerse de acuerdo sobre el diseño de la misma, determinándose los elementos fundamentales del mismo y las actividades de evaluativas básicas. Una buena planificación debe ser capaz de responder a estos interrogantes: ¿Para qué se realiza esta evaluación? ¿A quién está dirigida o a quién beneficiará la evaluación? ¿Cómo se utilizarán los resultados de la evaluación? ¿Cuáles son las preguntas más importantes que debe responder la evaluación? ¿Cuáles son los métodos para proporcionar información a fin de responder a las preguntas en el proceso evaluador? ¿Cómo se ejecutará el plan de evaluación con los recursos disponibles? ¿Qué medidas de protección existen para que se cumplan todas las normas éticas sin perder el rigor técnico. 
  • Reunir datos fiables: debe determinarse qué datos se reunirán en la evaluación de la política o del programa, quiénes los suministrarán, cuándo se realizarán las actividades de evaluación, dónde se recopilarán los datos y qué métodos de recopilación de datos se utilizarán.
  • Analizar los resultados: planificar la evaluación también supone determinar con antelación de qué modo se analizarán los datos extraídos, lo cual permitirá garantizar la información necesaria y, además, contribuirá a establecer qué conocimientos técnicos y recursos se requieren para analizar los mismos. 
  • Garantizar el uso y compartir la experiencia adquirida: planificar es, a su vez, determinar quiénes son los destinatarios de la información a que se llegue con la evaluación, cómo se informarán los resultados y qué formatos de presentación de informes serán los más apropiados.

Los Círculos de Comparación Intermunicipal se configuran como un método de trabajo, con periodicidad anual, para la evaluación de la calidad en el ámbito de la prestación y gestión de los servicios públicos municipales de Barcelona, que parte de un diseño muy bien planificado y puede extrapolarse hacia otras Entidades Locales. Los objetivos de los Círculos son los de medir, comparar y evaluar resultados obtenidos por los municipios de esta provincia mediante el uso de unos indicadores comunes que han sido previamente consensuados y constituir un grupo de trabajo para intercambiar experiencias de éxito entre Entidades Locales. Los Círculos de Comparación Intermunicipal ayudan a hacer un diagnóstico de la situación actual en la prestación de servicios públicos, revisar y marcar los objetivos de la organización, dar información a los responsables para tomar decisiones, mejorar los estándares de calidad de dichos servicios, planificarlos, presupuestarlos y evaluar la implementación de los mismos.

La Diputación de Barcelona impulsa, organiza y dinamiza los Círculos de Comparación Intermunicipal, ofreciendo a los participantes una metodología y un entorno de trabajo adecuado. En este proyecto participan, por un lado, el equipo técnico del Servicio de Programación, quien aporta conocimientos económicos y metodológicos; por otro lado, los miembros del Servicio de referencia de la Diputación, quienes aportan los conocimientos específicos del servicio público que se analiza. De esta manera, los talleres se benefician de los conocimientos y del trabajo transversal, entre diferentes áreas o departamentos de la Diputación. Actualmente, el 95% de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia de Barcelona participan en, al menos, un Círculo de Comparación, lo que supone 77 municipios sobre un total de 80.

Los servicios analizados desde los Círculos de Comparación son los siguientes: Policía local, Gestión y tratamiento de residuos, Limpieza viaria, Bibliotecas, Teatros municipales, Guarderías, Escuelas de música, Deportes, Servicios Sociales, Mercados Municipales, Ferias Locales, Servicios Locales de Empleo, Oficinas Municipales de Información al Consumidor, Seguridad Alimentaria, Alumbrado público, Servicios de Mediación Ciudadana. Con la información extraída del análisis de los servicios, los municipios adquieren un instrumento de ayuda a la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de sus servicios y ofrece al ayuntamiento la posibilidad de comparar la gestión de sus servicios municipales respecto de la gestión llevada a cabo por otros ayuntamientos de su entorno socio-económico más próximo.

En cuanto al desarrollo de este tipo de herramienta que evalúa la calidad de los servicios públicos, cabe señalar cinco fases concretas para el análisis: el diseño; la medición; la evaluación; la mejora; y la comunicación e implementación.

La fase de diseño consiste en la definición de la misión y de los objetivos estratégicos del servicio público a analizar y en la relación y la definición consensuada de los indicadores que han de ser empleados en la comparación entre los municipios y en el establecimiento de común acuerdo de las variables utilizadas para el cálculo de los indicadores mediante el consenso de los técnicos municipales responsables. Los indicadores se estructuran en cuatro dimensiones meta: encargo político, relacionados con la consecución de los objetivos finales del servicio; usuario-cliente, en lo que respecta al uso de dichos servicios; valores organizativos y recursos humanos, para el modelo organizativo y de gestión de los mismos; y economía, relacionado con la eficacia en su prestación.

La fase de evaluación consiste en la elaboración de un informe con los indicadores de cada municipio, destacando los valores más significativos. Así, para cada indicador se calcula la media, y se destacan los valores de los municipios de la siguiente manera: en verde, los valores como mínimo un 50% por encima la media del conjunto de municipios y en naranja: los valores como mínimo un 50% por debajo la media del conjunto de municipios. Adicionalmente, se elabora un Cuadro Resumen Individual, para cada municipio, comparando los valores del municipio con la media del Círculo. A partir de estos valores, así como de otros que puedan ser significativos, se realiza un primer borrador identificando los puntos fuertes y oportunidades de mejora de cada municipio.

En la fase de mejora, se trabaja para identificar los cambios que se puedan realizar en la prestación del servicio municipal, que da pie a replantearse cómo se ofrece y se gestiona el servicio, a la vez que posibilita el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos.

En la fase de comunicación, una vez identificadas las acciones de mejora, hay que comunicar a la organización que estas acciones se plantean llevar a cabo. Esta Comunicación la realiza cada uno de los responsables municipales, mediante un proceso previo de planificación.

En la fase de medición, una vez identificadas las variables en la fase de diseño, éstas se recogen en una encuesta que se entrega a los ayuntamientos participantes para recoger datos sobre el funcionamiento del servicio. Los datos recibidos son objeto de una validación conceptual y estadística por parte de la Diputación de Barcelona, con la finalidad de depurar posibles errores en la recogida de datos. Esta validación incluye, entre otros, la comprobación de los valores extremos y la verificación de los datos que se han modificado sustancialmente de un año a otro.


La técnica del Benchmarking

El Benchmarking es un término que está influenciado por varias corrientes distintas de pensamiento. La Geodesia es la Ciencia matemática que tiene por objeto determinar la figura y magnitud del globo terrestre o de gran parte de él con respecto a un punto de referencia, y construir los mapas correspondientes. Si aplicamos esta definición al ámbito de las organizaciones, Benchmarking es el punto de referencia o el patrón reconocido de excelencia con respecto al cual se miden patrones similares, prácticas organizativas modelo para otros.

El Benchmarking es un anglicismo que proviene de “Benchmark”, esto es, de marca, de estándar de referencia, de punto de comparación. De igual modo, para autores como Dantotsu, el Benchmarking se asocia al término japonés de “dantotsu”, que significa luchar para ser el mejor de los mejores. Por su parte, la doctrina ha reflexionado sobre el concepto y aquí se muestran algunas de las definiciones de referencia en la materia.

Para Kotler (1994), el Benchmarking: “es una de las mejores fuentes para la mejora de la calidad y de la competitividad de una organización”.

Para Auluck (2002), el Benchmarking: “puede ayudar al aprendizaje y a la mejora organizaciones, así como establecer una voluntad para el cambio”.

Otros como Camp (1989), afirman  que esta técnica: “implica seleccionar una referencia demostrada de desempeño en cuanto a procesos o actividades similares a las de nuestra organización” o “es la búsqueda de las mejores prácticas que conducen al desempeño óptimo, es la epítome de la excelencia”.

Por su parte, Boxwell (1995) considera que el Benchmarking: “ayuda a hacer las cosas mejor, más rápidas y más baratas en una época caracterizada por la continua inflación de los déficit presupuestarios. El benchmarking es la herramienta natural del mejora” o “es, sencillamente, aprender de los mejores”.

Pero una de las definiciones más completas de esta técnica de gestión pública válida en el proceso de ejecución de las políticas públicas es la que ofrece Spendolini y se cita a continuación: “Benchmarking es un proceso continuo, sistemático y planificado que llevan a cabo las instituciones para comparar, evaluar y comprender las funciones y servicios de aquellas organizaciones que están identificadas y reconocidas como representantes de prácticas excelentes, con la finalidad de mejorar las prestaciones que ofrecen a los ciudadanos”.

El Benchmarking es una de las técnicas de gestión pública que mejores resultados puede producir en las organizaciones al mínimo coste, pues se nutre de los recursos que éstas ya poseen y de las experiencias implantadas por sus semejantes. En concreto, algunos de los beneficios específicos que obtenemos del Benchmarking: a) Provoca una actitud crítica de lo que la organización está haciendo, impulsándola al cambio y a través de una planificación estratégica donde se definan los objetivos, los procedimientos, las políticas y los programas y las estrategias que se quieran conseguir aprendiendo de aquellos que lo han hecho bien o mejor; b) Mejora la calidad en la prestación de bienes y servicios que ofrece la organización al ciudadano; y c) Insta al aprendizaje y la mejora continua en la búsqueda de la excelencia y la innovación de la Administración Pública de que se trate, cambiando la cultura organizativa.

Esta técnica de gestión, ¿imita o innova? El Benchmarking siempre innova porque nunca puede copiar ni aplicarse la literalidad de una buena experiencia de una organización a otra, la cultura organizativa no es la misma. Es de reseñar que casi toda la normativa, Libros, Comunicaciones y documentos de trabajo de la Unión Europea incorporan la técnica del Benchmarking con fórmulas como: “Los Estados se comprometen a organizar el intercambio de las mejores prácticas…”, “Los Estados deben fomentar la cooperación, intercambiar buenas prácticas y acordar objetivos comunes…” o “Se establecerán los mecanismos oportunos para que los Estados compartan las mejores prácticas en materia de aplicación de las medidas…”. En definitiva, las buenas prácticas no se originan únicamente en el sector privado sino que podemos encontrar en el sector público numerosas experiencias que constituyen un ejemplo para la modernización de otras Administraciones Públicas.

La ejecución de las políticas públicas

La ejecución de las políticas comprende el conjunto de actividades y procesos que llevan a cabo las unidades administrativas para poner en práctica la decisión pública adoptada. La implementación de la política es, pues, la secuencia programada de acciones, dirigida a producir unos resultados definidos a partir de unos objetivos previos. En este sentido, la Teoría Clásica distingue dos modelos analíticos diferentes en el estudio de la ejecución de las políticas públicas. 
El primero de ellos, el modelo "Top-Down" (de arriba a abajo), considera que el éxito en la ejecución de una política depende de: la correcta formulación de los objetivos, pues si fortalecemos su coherencia en el diseño aseguramos su cumplimiento efectivo; los recursos que se dediquen a ella, sobre todo en lo relativo a la información disponible y a la profesionalidad de los empleados que van a implementarlas; de la comunicación interadministrativa y de la capacidad de controlar el proceso; y del ambiente exterior, referido a los intereses afectados que quedan satisfechos, a la percepción ciudadana sobre el servicio que recibe, etc. En este enfoque, lo importante es la relación de jerarquía que subsiste en las organizaciones y, por tanto, puede ser un enfoque válido para implementar políticas de tipo regulatorio, pues éstas vienen de arriba e imponen  restricciones o limitaciones al comportamiento de los ciudadanos, pero que cuentan con el apoyo de éstos para regular su convivencia en sociedad.
El segundo de ellos, es el modelo "Botton-up" (de abajo hacia arriba), parte de una lógica más incremental que racionalista. De este modo, trata de analizar el impacto de la ejecución de las políticas, consecuencia de los programas de actuación que se llevan a cabo. Este enfoque resulta más coherente con la realidad ya que las políticas no tienen un principio y un fin delimitado, sino que están en un proceso constante de formulación, donde las decisiones nunca son definitivas y constantemente se reasignan medios y se proponen nuevos objetivos. Y esto se produce porque las acciones de gobierno necesitan recursos y éstos son ilimitados, porque se extienden en el tiempo y requieres una movilización constante de medios, porque continuamente se producen procesos de negociación y de influencia recíproca, etc.
Ambas propuestas teóricas encuentran serias limitaciones a la hora de plasmarlas en la realidad. Y cabe destacar que, para solventarlas y puesto que ahora cobra más protagonismo otra serie de actores políticos en el proceso, se están constituyendo redes de carácter multiforme, para implementar las políticas y los programas públicos. Hasta el punto en el que para cada una de ellas persiste una red específica de actuación, con capacidad de decisión y de movilización de recursos. Y esto porque no debemos olvidar la importancia que está adquiriendo el Tercer Sector en términos de PIB.